Joel Enrique Silva Silva /
La necesidad de un acuerdo político en Venezuela debe enmarcar un enfoque psicosocial, en configuración confrontada. La tesis concentrada gravita en sustentar que los quebrantamientos a los derechos humanos (DDHH), la actuación del Estado y las dificultades económica, política, cultural y social, han compuesto recónditos deterioros y atormentadores en las víctimas.
Los períodos de peligro han creado menoscabo de planes de vida y de ilusiones, subyugando los signos y modos de encajamiento social y constriñendo el panorama acostumbrado, circunscribiéndolo a la supervivencia y seguridad personal. Entonces la premura implica alcanzar una disposición concurrente de país en destino a los variados retos que desafía.
Siendo uno de los cuales se desglosa, indispensablemente, de la materia concerniente al cómo levantar confianza, a modo de circunstancia para la gobernabilidad y eficacia para la democracia verdadera, en la que la creencia en el semejante, el vecino, el familiar, el nacional y el inmigrante por ejemplo, es una condición de existencia humana.
En casi todos los aportes aplicados, probados, reclamados, aparece el de los derechos de las mujeres en Venezuela: una situación improrrogable de sacudir en un contingente y reclamado pleito inteligente de justicia transicional, estudiar prácticas comprobadas y sondear las vías para arrimar una representación sana y en avanzada, como racional de género en la transición.
La mayoría de las experiencias consultadas apuntan a estimar que todo contexto de infracciones masivas de DDHH es imparcial al género y en el caso de Venezuela no ha sido la excepción. Destacan los aplicados estudios que, no obstantes las evoluciones constitucionales para la protección de la mujer desde 1999, las regresiones en la práctica son patentes.
La violencia de género se ve expresada en el golpe hacia las mujeres mediante dispositivos de control político del gobierno, los bombazos recaídos debido al deterioro del sector de la salud y la sucesión de casos de manifestaciones de violencias de género, siendo la más gravosa la violencia sexual que a la vez pasa a otros niveles más peligrosos y fatales, cuando se consuman transgresiones a los DDHH.
Se apela a la urgencia de concienciar de cualidad precoz a la población en la representación y respeto de género a los actores que tratan la transición, que las denominadas comisiones de la verdad apaleen un precepto rotundo de agregar una configuración de género y llevarlo a los distintos asientos de un proceso de transición. Casos de mujeres que con evidencias y atestiguadas de testigos intentan poner en conocimiento hechos de violencia psíquica, patrimonial y económica, hasta familiar, como no han ocurrido hechos de violencia física, algunos órganos de recepción de denuncias, no las procesan, quedando la víctima indefensa y a riesgo de sufrimientos más graves.
En el camino también es necesario abordar, en beneficio de los más débiles, la transición hacia el reconocimiento del origen, un emplazado a re-pensar la justicia con vista por ejemplo a la experiencia de Colombia y su ley de origen de los pueblos indígenas. La demostración céntrica reside en certificar que la justicia transicional no debe ser únicamente antropocéntrica porque para las poblaciones indígenas, los procesos de transición son menos un componente de contemplación retrospectiva con fines prospectivos y más que todo ojeada al pasado para regresar al origen; a ese inicio escrito en leyes naturales.
Si el mensaje es tornar al origen, hacer prosopopeya en la imperiosa necesidad de vernos como seres humanos y a mostrarse conforme la indisoluble unión entre las personas, la naturaleza y los ambientes en que existimos. Reconocer al territorio como mártir atormentado del conflicto armado y al asegurar la participación a los pueblos étnicos en los procesos judiciales y de llevar la justicia a sus modos de vida.
Ahora, no obstante el abordaje legal del derecho a la reparación, éste mismo todavía es insatisfecho. Es una de las cardinales deudas de los intentos transicionales.
Los tantos de arranque comprometen el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y, proporcionar a las víctimas el derecho que les corresponde como seres humanos y, estar en la médula de la reparación, habilitando su participación en cada instante del sumario transicional y reparatorio.
No olvidar ni menoscabar el papel que corresponde los actores económicos y profesionales en la reparación, ya que el costo de la reparación debe ser adjudicado a todos los responsables y no sólo al Estado. Claro que no todas las víctimas podrán acoger las equivalentes convenciones de reparación pero si tener en cuenta el principio de complementariedad entre recursos judiciales y administrativos (nacionales e internacionales) al deliberar mecanismos de reparación para las víctimas.
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